¿Más castigo o más prevención? El debate sobre el aumento de penas para adolescentes en Ecuador

En Ecuador, el debate sobre el endurecimiento de las penas para adolescentes infractores ha cobrado relevancia en los últimos años. Con el creciente involucramiento de menores en actividades delictivas, especialmente en delitos graves como sicariato y asesinato, algunos sectores proponen reducir la edad de imputabilidad y aumentar las penas. Sin embargo, organismos internacionales como UNICEF advierten que estas medidas podrían contravenir los derechos de los niños y adolescentes y no abordar las causas estructurales de la violencia.

En 2024, la Asamblea Nacional aprobó una resolución que solicita la revisión de las sanciones para adolescentes infractores, especialmente en casos de delitos graves. La propuesta incluye reducir la edad de imputabilidad de 14 a 12 años y aumentar las penas para delitos como sicariato y asesinato. Sin embargo, esta iniciativa ha generado controversia debido a posibles violaciones de derechos humanos y la falta de evidencia sobre su efectividad en la reducción de la violencia.

Varios países han implementado políticas de endurecimiento de penas para adolescentes. Por ejemplo, Brasil y Argentina han debatido o aplicado reducción de la edad de imputabilidad. Los resultados han sido polémicos: más jóvenes en cárceles, pero no ha bajado la criminalidad juvenil. En Estados Unidos, durante décadas se aplicaron políticas severas a menores bajo el lema de “mano dura”. El resultado fue cárceles juveniles saturadas y altos índices de reincidencia. En Chile, aunque se aumentaron las penas, posteriormente se fortalecieron los programas de reinserción al evidenciar que el castigo por sí solo no cambia conductas.

Estos casos muestran que el aumento de penas no necesariamente conduce a una disminución de la delincuencia juvenil y puede tener efectos negativos en la rehabilitación de los menores. Expertos sugieren que, en lugar de aumentar las penas, se deben fortalecer las políticas de prevención y rehabilitación. Algunas alternativas incluyen programas de justicia restaurativa, que se enfocan en la reparación del daño y la reintegración del adolescente a la sociedad; medidas socioeducativas, que proporcionan educación y formación en habilidades para la vida, así como apoyo psicológico; y reforzar el sistema de protección integral para garantizar que los adolescentes tengan acceso a servicios de salud, educación y apoyo familiar.

Estas alternativas han mostrado ser más efectivas en la reducción de la reincidencia y en la mejora de la seguridad pública a largo plazo. El debate sobre el aumento de penas para adolescentes en Ecuador debe considerar no solo la necesidad de castigar, sino también la responsabilidad de prevenir y rehabilitar. Es esencial adoptar un enfoque integral que aborde las causas subyacentes de la delincuencia juvenil y promueva la reintegración de los adolescentes a la sociedad.

Y tú, ¿crees que subir las penas realmente soluciona el problema, o solo tapa una herida que necesita más comprensión que castigo?